Hace un par de meses, un buen amigo que simpatiza con el gobierno actual, me compartía el caso de acoso judicial del que era sujeto Gavin Newsom de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por instrucciones del presidente Donald Trump. El gobernador de California declaraba que estaba siendo investigado con el fin de encontrarle algún delito. No por sus agresivas publicaciones en redes sociales, sino porque consideraba postularse para la presidencia, además de subrayar consistentemente las mentiras y deshonestidad del habitante de la Casa Blanca. La justicia está a la venta, agregó.

Con sarcasmo, mi amigo decía que lo bueno es que el Departamento de Justicia estadounidense no actúa políticamente. Esto en el contexto de la presión que Estados Unidos había ejercido sobre el gobierno de México para que este le entregara a 10 funcionarios morenistas del estado de Sinaloa por presuntos nexos con el narcotráfico - incluido el entonces gobernador y un senador de la República -; y rompiera los vínculos entre servidores públicos y crimen organizado so pena de ejercer una persecución judicial unilateral.

Es claro que la justicia, no solo en el país vecino, es utilizada por diversos líderes con fines políticos. En particular en regímenes autoritarios. No es algo nuevo, tampoco nos es ajeno. Lo que debiera preocuparnos, sin embargo, no es si la justicia en Estados Unidos está a la venta, o si el Presidente Trump la está utilizando para acosar a opositores - y a Estados libres y soberanos como el nuestro -, sino cómo se está ejerciendo en México.

El caso de Ernesto Ruffo es revelador. Primer gobernador de oposición en la historia moderna, fue detenido el 16 de julio pasado. Pese a tener 74 años de edad, domicilio conocido, carecer de antecedentes penales y no representar riesgo de fuga, se le dictó prisión preventiva oficiosa y fue recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano. La fiscal general, Ernestina Godoy, muy cercana a la Presidenta, lo señaló como integrante de una colosal red de huachicol fiscal. Paralelamente, Sheinbaum afirmó que este era un asunto que tiene que ver con un delito por el cual está juzgado, violando la presunción de inocencia del acusado.

Lo que para la FGR no ha constituido un caso que merezca una investigación seria, como los indicios en contra del gobernador con licencia, Rubén Rocha, respecto del asesinato de Héctor Melesio Cuén; el apoyo del crimen organizado a su entonces candidatura - con la respectiva intimidación y secuestro de rivales políticos -; las declaraciones del Mayo Zambada que en su momento fueron respaldadas por hechos consumados; más la abundante evidencia que una jueza federal del Distrito Sur de Nueva York afirma existe, sí lo ha hecho el expedito proceso contra el exgobernador panista.

Mi amigo tiene razón, en Estados Unidos se hace uso político de la justicia. Lo que parece olvidar es el uso que de esta está haciendo el gobierno mexicano para amedrentar adversarios mientras encubre a integrantes de su movimiento, con consecuencias que trascienden lo político para afectar gravemente lo social, económico y democrático - y que dañan nuestra credibilidad hacia el exterior.

 

    @isilop