El 3 de septiembre pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, por siete votos contra cuatro, un mecanismo para que las boletas planchadas —aquellas que al contar los votos no presentan dobleces, a pesar de que introducirlas así en la urna es materialmente imposible— ya no sean anuladas en automático por los funcionarios de casilla, sino que se registren en el acta de incidentes y sea en el Consejo Distrital donde se decida si son o no computadas. El consejero Uuc-kib Espadas calificó a estas papeletas como un indicio inequívoco de fraude. Un dato: poco más de 400 casillas fueron invalidadas en la elección del Poder Judicial del año pasado por el hallazgo de este tipo de boletas.

Frida Gómez Puga, designada por la Cámara de Diputados consejera del INE —solo con el apoyo del bloque oficialista— por los siguientes nueve años, es quien hizo la propuesta. Además, propuso eliminar el cruce de datos que realizaba el Instituto para evitar que Servidores de la Nación fueran observadores electorales.

La captura de distintas instituciones del Estado de parte del régimen obradorista está documentada; y continúa. En muchas ocasiones se ha mencionado que uno de los últimos eslabones en su estrategia de concentración del poder sería el hacerse de las autoridades electorales. Primero fueron por el Tribunal Electoral y, poco a poco, han hecho lo propio con el INE. De tener éxito, estarían cerrando la pinza para tener todo el poder, controlando incluso la voluntad popular.

El nombramiento como presidenta del INE de Guadalupe Taddei —que tiene a nueve familiares laborando en el gobierno—, fue la primera señal de las intenciones del oficialismo. Por si fuera poco, hace dos días nombró, unilateralmente, a un incondicional suyo como encargado de despacho en la Secretaría Ejecutiva.

Junto a Gómez Puga, se designó otro consejero: Arturo Chávez López. Obteniendo —sospechosamente— 99 de 100 puntos en el examen de conocimientos, sin experiencia en materia electoral, y habiendo sido colaborador de la hoy Presidenta de la República en múltiples ocasiones, avanzó impúdicamente en el proceso de selección, dejando atrás a personas con trayectoria, conocimientos y experiencia probada. La integración del Consejo General del INE se concretó gracias al voto de la alianza morenista, sin consenso de todas las demás fuerzas políticas; algo inédito desde 1990.

La consejera Gómez Puga justificó su propuesta afirmando que decretar la nulidad automática sería un exceso y se estaría prejuzgando la validez del voto. Agregó que la ley no exige que la boleta deba estar doblada para ser contada. La consejera presidenta defendió esta  postura, convalidando así un proceso que pone en riesgo la certeza del voto.

Con el pretexto de hacer respetar la legalidad del procedimiento —sumado a la intención de extinguir el proceso de cruce de información respecto a los observadores electorales—, la mayoría de consejeros abren la puerta a un posible fraude.

Lo que es un exceso no es prejuzgar la validez del voto, sino que estos funcionarios, supuestamente garantes de la democracia, se conviertan en facilitadores de las estrategias políticas de Morena. Una vez más los ciudadanos planchados quedamos.

 

    @isilop