A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno federal presentó un nuevo informe en el que la Fiscalía General de la República (FGR) reportó 17 nuevos sujetos de investigación, identificados mediante el reanálisis de registros telefónicos, así como avances sobre el uso posterior de celulares de los estudiantes y la posible utilización de funerarias y del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala.
El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, explicó que la nueva etapa parte de una revisión de documentos, testimonios, peritajes y comunicaciones acumulados durante más de una década.
Mauricio Pazarán Álvarez, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, detalló que el análisis permitió reconstruir vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y particulares antes no considerados.
La FGR destacó que algunos teléfonos de los normalistas registraron actividad después de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, lo que abrió nuevas líneas para determinar quién tuvo los aparatos después de los ataques.
Uno de los datos relevantes se refiere a Rodolfo N, relacionado con la funeraria El Ángel; el informe señala que en agosto de 2025 se estableció que utilizó un teléfono perteneciente a uno de los estudiantes, identificado como Julio César N, elemento que reforzó esa línea.
La Fiscalía añadió que Rodolfo N y su familia eran propietarios de funerarias, concesionarios del Semefo y tenían participación en la administración del panteón municipal.
Las autoridades investigan si esa infraestructura pudo ser utilizada para ocultar cuerpos o eliminar evidencias; sin embargo, esa vertiente continúa como una línea de investigación y no constituye una conclusión sobre el destino de los estudiantes.
Otro equipo telefónico de un estudiante fue utilizado por un policía municipal de
Iguala, quien registró actividad la noche de los hechos, por lo que su participación se encuentra bajo investigación.
Medina informó que desde 2019 se han intervenido mil 931 sitios en nueve municipios de Guerrero para buscar indicios sobre el posible paradero de los jóvenes.
La FGR reportó un avance cercano a 90% en la digitalización de unos cinco millones de fojas distribuidas en tres mil tomos, proceso que no consiste únicamente en escanear documentos, sino en ordenar y cruzar los datos mediante herramientas tecnológicas.