Al advertir que las escuelas denominadas “militarizadas”, no pueden permanecer porque esta figura no está contemplada en la legislación educativa ni es compatible con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aclaró que las escuelas que operan bajo ese concepto podrán acceder a un proceso de regularización para continuar brindando el servicio.
Lo anterior, siempre que eliminen cualquier referencia o enfoque de carácter militar y adecuen sus planes de estudio a un modelo de formación basado en valores cívicos y ciudadanos, así como en la cultura de la paz, la seguridad, la empatía y el respeto a las infancias.
Explicó que el objetivo de desaparecer a las escuelas que ofrecen este tipo de servicios, no es limitar las opciones educativas para las familias, sino garantizar que todos los planteles funcionen dentro del marco legal y en un entorno que privilegie el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, señaló que las escuelas donde se acrediten actos de maltrato, abuso o cualquier práctica que vulnere los derechos de las y los estudiantes deberán sancionarse conforme a la ley.
Por ello, en el marco de la Sexagésima Séptima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), el titular de la SEP, convocó a las autoridades educativas estatales a acompañar este proceso de regularización en coordinación con las y los gobernadores, así como a mantener informadas a las familias.
Dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se deslindará de cualquier institución educativa que utilice el concepto de formación militar y reiteró que únicamente reconoce y opera los planteles destinados a la preparación de su propio personal.
Al respecto, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, Eurípides Flores Pacheco, afirmó que la determinación de la SEP de impedir la prestación de servicios educativos bajo esquemas militarizados es el resultado de un análisis jurídico, pedagógico y de derechos humanos, y no de una decisión improvisada. Dicho análisis se realizó en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Defensa.
Señaló que con base en ese análisis, la SEP instruyó a las autoridades educativas del país a revisar las autorizaciones y los registros de las instituciones que operan bajo denominaciones o esquemas militarizados, con el propósito de garantizar que todas transiten hacia modelos plenamente compatibles con la NEM.
Flores Pacheco afirmó que el objetivo no es afectar opciones educativas con reconocimiento social, sino acompañarlas en un proceso de regularización que elimine prácticas y contenidos incompatibles con los derechos humanos, mediante la adecuación de sus planes de estudio y de su funcionamiento, a fin de asegurar el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Durante la reunión, autoridades educativas que cuentan con planteles militarizados y que son aceptados y valorados por la ciudadanía, manifestaron su disposición de trabajar una ruta jurídica con la SEP que permita construir un modelo que garantice certeza a madres, padres y familias de que habrá continuidad en los estudios de sus hijas e hijos.