Recientemente se presentó el Paquete Económico y resulta interesante observar cómo, en un contexto de consolidación fiscal todavía pendiente, el Gobierno va por el flujo. La prioridad es que los impuestos se paguen y, sobre todo, que el dinero llegue a tiempo para cubrir los compromisos del Estado. Esa lógica explica un paquete que mantiene sin cambios las tasas generales del ISR y del IVA, pero modifica los tiempos y las condiciones bajo las cuales se recauda.

Buena parte de los ajustes responde precisamente a esa necesidad de adelantar o asegurar el ingreso. La propuesta exige a ciertos grupos empresariales pagar ISR que habían diferido desde 2014, condiciona algunas deducciones a que las retenciones correspondientes hayan sido enteradas al SAT y reduce el límite para deducir intereses. En la práctica, esto puede significar que algunas empresas tengan que pagar antes o enfrenten una mayor carga fiscal sobre su financiamiento, aun cuando la tasa general del impuesto permanezca igual.

Esa búsqueda de ingresos exige cuidar la relación con quienes sí cumplen. Es decir, el paquete no está construido únicamente para recaudar. También reconoce que cuidar los ingresos públicos supone cuidar la actividad económica de la que dependen. De ahí que combatir las facturas falsas se vuelve algo aún más necesario; sin embargo, una mayor fiscalización también puede traducirse en más tiempo y dinero dedicados a comprobar operaciones legítimas. Asimismo, la ampliación del RESICO, es una señal favorable que debería acompañarse de trámites más ágiles para todos.

Ello, toda vez que facilitar el cumplimiento también importa para cuidar la actividad de la que depende la recaudación. Por eso tienen valor las deducciones aceleradas para nuevas inversiones, que permiten descontar antes parte de su costo al calcular el ISR y conservar recursos para producir. Por otro lado, los estímulos a la economía circular y el presupuesto para agua y acción climática añaden un componente ambiental relevante, aunque parcial.

Todo ello forma parte de una ecuación más amplia. Los recursos que Hacienda busca recaudar no sólo servirán para cumplir obligaciones inmediatas, sino también para financiar transferencias a estados y municipios –que aumentarían 4.6% real– y prioridades de gasto como los proyectos ferroviarios y Pemex. Ahí estará una parte importante de la prueba para 2027. Es decir, que el dinero no sólo entre a tiempo, sino que también se ejerza con eficacia y se traduzca en infraestructura y servicios.

Eso importa porque si bien el paquete ofrece incentivos valiosos, su margen depende de un crecimiento de entre 1.5% y 2.5% y una recaudación equivalente a 15.9% del PIB. Y como en cualquier presupuesto, ingresos menores o gastos imprevistos obligarían a ajustar prioridades o buscar financiamiento. En ese sentido, aunque por el momento no se trate de un mal paquete, sí estamos frente a un ejercicio con muy poco espacio de error, y que no resuelve del todo la ecuación fiscal. Es claro que premia la inversión, pero deja la consolidación de fondo para después.

 

  • Consultor y profesor universitario
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