El conflicto alrededor de Joy Casino, en Ciudad Obregón, Sonora, escaló de un adeudo millonario por arrendamiento a una petición formal para investigar quién opera, administra y controla realmente el establecimiento que funciona bajo un permiso federal otorgado a Jumamex S.A. de C.V.
Documentos presentados ante la Dirección General de Juegos y Sorteos señalan que Inmobiliaria Félix Bours denunció desde abril a Jumamex y a Entretenimientos El Yaqui por hechos relacionados con la operación del casino, ubicado en Plaza Puerta Obregón. La denuncia refiere un adeudo aproximado de 57 millones de pesos, integrado por 46.1 millones de rentas vencidas y 11.7 millones de intereses moratorios.
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El caso, sin embargo, avanzó posteriormente en tribunales. El 23 de junio, el juzgado encargado del expediente 86/2020 ordenó requerir personalmente a Entretenimientos El Yaqui para que, en un plazo de tres días, pagara la totalidad de lo adeudado o acreditara encontrarse al corriente en el cumplimiento de un convenio judicial.
De acuerdo con la documentación, el 2 de julio una actuaria acudió al inmueble donde funciona Joy Casino para realizar la notificación y la diligencia la atendió una persona que se identificó como empleada de Entretenimientos El Yaqui y encargada del área de finanzas. Posteriormente, el 9 de julio, la inmobiliaria solicitó judicialmente hacer efectivo el apercibimiento e iniciar la ejecución forzosa del convenio.
Ese elemento abrió un nuevo frente en el caso, debido a que JUMAMEX aparece como titular del permiso federal DGJS/DGAFJ/DCRCA/P-01/2015, mientras que las actuaciones judiciales aportadas vinculan materialmente a Entretenimientos El Yaqui con el establecimiento.
Una queja presentada en julio solicita precisamente determinar si Jumamex conserva el control efectivo de Joy Casino o si Entretenimientos El Yaqui realiza total o parcialmente funciones relacionadas con su explotación, así como establecer qué relación contractual existe entre ambas sociedades y si ésta se encuentra autorizada.
Otro elemento señalado en los documentos es la participación de Samuel Lejtik Vargas. La queja sostiene que aparece como representante de Entretenimientos El Yaqui dentro del juicio 86/2020 y, al mismo tiempo, como director general de Jumamex, incluso suscribiendo información financiera de esta última empresa.
La representación común no acredita por sí misma una irregularidad, reconoce el propio escrito, pero es presentada como un indicio para determinar si existe conocimiento compartido, coordinación o una posible unidad de decisión entre las dos compañías involucradas en la operación del casino.
La documentación presentada también abrió una vertiente financiera. Según los informes incorporados a la queja, Jumamex reportó durante 2024 ingresos por aproximadamente 378.37 millones de pesos, gastos de operación por 236.51 millones y una utilidad antes de impuestos cercana a 12.91 millones.
Para el primer trimestre de 2025 reportó ingresos por 86.63 millones de pesos y una utilidad antes de impuestos de 5.75 millones, mientras que en el mismo periodo de 2026 informó ingresos aproximados por 70.65 millones y una utilidad de 3.52 millones.
A partir de esos datos, la queja solicita revisar qué empresa recibe los ingresos generados por Joy Casino, cuál cubre sus gastos, rentas, premios y obligaciones con proveedores, así como determinar si la información financiera entregada por Jumamex refleja de manera completa la operación material del establecimiento.
El escrito reconoce que el adeudo derivado del arrendamiento corresponde formalmente a Entretenimientos El Yaqui, por lo que no sostiene que necesariamente deba aparecer como un pasivo directo de JUMAMEX. Lo que pide esclarecer es la relación financiera y operativa entre ambas sociedades y determinar cuál de ellas registra las obligaciones relacionadas con el casino.
La nueva queja solicita realizar una visita de verificación, requerir contratos y documentación sobre la relación entre JUMAMEX y Entretenimientos El Yaqui, revisar los estados financieros de la permisionaria y establecer si existe participación material de un tercero, falta de control efectivo u otras irregularidades en la explotación del permiso.
En caso de acreditarse infracciones, corresponderá a la autoridad determinar las medidas previstas por la legislación, que pueden incluir desde sanciones económicas hasta suspensión, clausura o revocación del permiso, según la gravedad de las conductas que eventualmente sean comprobadas.