La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, criticó la nueva iniciativa federal sobre los derechos de las audiencias.
Gobierno de Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, criticó la nueva iniciativa federal sobre los derechos de las audiencias, la cual, alertó, pretenden censurar más que alentar la libre expresión.

“Lo que propone este esquema es que el Gobierno decida qué información es ‘verdadera’ y cuál es ‘falsa’” y quién puede o no transmitirla, dijo.

Al analizar la propuesta, precisó, descubrimos que la Comisión que aplicaría las nuevas normas dependerá directamente del Ejecutivo federal, sus integrantes serán propuestos por la propia Presidenta.

“O sea, el Gobierno va a ser juez y parte. Va a ser quien decida qué es verdad, qué es mentira, a quién multar, a quién sancionar, y hasta a qué medio quitarle la concesión”, detalló.

La mandataria estatal señaló que “llevamos ya ocho años en los que el poder ha polarizado al país, en los que se etiqueta como mentira o traición a la patria a quien piensa distinto o critica al Gobierno.¿Y ahora ellos van a decidir qué es información y qué es opinión?”.

Consideró que no se defiende la democracia al pretender decirle a la gente qué es verdad y qué es mentira, se defiende, señaló, al garantizar que muchas voces puedan expresarse, aunque incomoden.

Advirtió Campos Galván que ese es el corazón del Estado de derecho, que “en México luchamos por décadas para dejar atrás la etapa del Gobierno omnipresente y censurador. Hoy estamos nuevamente frente a esa amenaza”.

Cada día desde Palacio Nacional se emiten declaraciones que no coinciden con la realidad que viven las familias mexicanas. Y ahora quieren que ese mismo poder decida qué información puede circular, dijo.

“¿Quién regula la conferencia mañanera? ¿Quién otorga el derecho de réplica en ese espacio donde se acusa, se expone y se sentencia a ciudadanos o gobernantes, usando recursos públicos para hacerlo?”.

Cuestionó que en un país donde el periodismo sigue como una de las profesiones más peligrosas, con decenas de comunicadores asesinados, “la respuesta del Estado no puede ser más control sobre lo que se dice(…) tiene que ser más libertad, más protección y más justicia”.

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