Finalmente, un rayito de luz tocó el Consulado de México en Milán. La beneficiaria es Marisela Morales, ex procuradora general, que se volvió una papa tan caliente para el gobierno de Enrique Peña Nieto por las acusaciones sobre manipulación de la justicia con fines políticos y personales, que hasta cerrar su cuenta de Twitter le ordenaron. Ahora, con la acusación del FBI en Texas en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, hay una pequeña reivindicación a su persecución contra él. De algo sirvió, dicen los que saben, que le aportara a los estadounidenses tanta información para que fueran ellos, no ella, quienes documentaran la acusación final.
César Camacho, presidente del PRI, está perdiendo un poco la paciencia con Jesús Zambrano, líder nacional del PRD. Zambrano es el actual jefe del Pacto por México, aunque irónicamente se retiró de él a menos, condicionó, que se debata más a fondo la reforma política-electoral, y que la energética se vaya para el próximo año. La respuesta de Camacho es que sí, que se debata a fondo, pues para eso está en el Congreso, y sobre el aplazamiento de la energética, pues la verdad, la verdad, dice, parece una “táctica dilatoria”. Las reformas, en todo caso, van.
Hay una creciente molestia en el gobierno federal en contra del gobernador de Oaxaca Gabino Cué ante su pasividad frente a la violencia de la CNTE en su estado. Vieron con desaprobación primero, y enojo después, la ausencia de su autoridad ante las agresiones –inclusive a balazos- de maestros de la CNTE en contra de maestros de la Sección 59 y de padres de familia que habían tomado escuelas para que se impartieran clases. Dicen los que saben que el sentir es que Cué es algo así como “rehén” de la CNTE, a la cual no puede controlarla.
En las oficinas de los inversionistas en el mundo hay nerviosismo por lo que suceda con el tema del referéndum en la reforma política, propuesta por el PRD para darle cabida al deseo de Cuauhtémoc Cárdenas para que la reforma energética sea puesta a discusión popular y determinar, a partir de lo que salga de ese voto, si se deroga o no. La preocupación es que si es así, ¿qué pasaría con los más de mil 500 millones de dólares que piensan invertir el próximo año para explorar en aguas profundas de pasar la ley? Pues que ni se preocupen, dicen los que saben, porque ni la ley es retroactiva, ni hay manera constitucional de echarla para abajo.