La joya de la corona en materia turística, Cancún y municipios vecinos, registraron en los primeros siete meses del año una caída importante de visitantes y, por lo tanto, de vuelos y reservaciones, según muestra el reporte de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).

En 2022, cuando el sector turismo luchaba con los efectos que dejó la pandemia de Covid-19, el Aeropuerto Internacional de Cancún movilizó 20.22 millones de pasajeros entre enero y agosto de ese año.

Para el mismo periodo de 2026, movilizó a 19.28 millones, es decir, 942 mil pasajeros menos.

El reporte de ASUR muestra, además, una caída de 5.7% frente a 2025.

El contraste es revelador: Cancún recibe hoy menos pasajeros que durante el año de su recuperación turística (asur.com.mx.sec.gov).

En agosto pasado, el tráfico internacional de Cancún cayó 15% respecto del mismo mes del año anterior.

Ante ese panorama, la crisis de Tulum y el costo acumulado de viajar al estado, incluidos los derechos vigentes y el aumento al DNR propuesto para 2027, merecen una evaluación.

Tampoco se pueden soslayar los escándalos de corrupción que afectan la imagen institucional de la entidad, como los contratos para la adquisición de medicamentos y servicios que el gobierno de Quintana Roo celebró en 2023, 2024 y 2025 con las empresas de Amilcar Olán, amigo de Andy López Beltrán, o las aventuras de Héctor Contreras Mercader, extitular del órgano recaudador del estado, famoso por su fotografía al lado de Donald Trump, en las finales de la NBA en Nueva York.

Eso y la adquisición de propiedades en Puerto Cancun (Desarrollo de Alto Nivel) por él y otros funcionarios municipales y estatales más la utilización de jets privados para fines particulares al más alto nivel de gobierno.

Por cierto, y como colofón de la crisis que se vive hoy en esos destinos, Aeroméxico anunció ayer la cancelación de sus vuelos al aeropuerto de Tulum, tanto los que salían de la CDMX como los que partían del AIFA.

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El senador sonorense, Manlio Fabio Beltrones, propuso que la oposición construya un “sistema espejo” para evitar un fraude en las elecciones de 2027.

Dicho sistema sería una especie de garantía frente a una posible manipulación de resultados, aunque aún no existe un método público que permita evaluar la promesa de obtener resultados más rápidos y precisos que los del INE.

Efectivamente, los partidos tienen derecho a conservar y cotejar las actas de casilla; la observación ciudadana también fortalece la vigilancia.

Pero una colección de imágenes, por numerosa que sea, no adquiere automáticamente la representatividad de un conteo rápido ni reproduce el proceso de captura y verificación del PREP. Son trabajos técnicos que no se resuelven con improvisaciones.

Cierto es que, particularmente en el proceso del 2027, la sospecha va por delante.

Si el “espejo” pretende ofrecer certeza, habrá que conocer su cobertura, sus reglas de selección, la forma de verificar las actas y el alcance real de sus resultados. Sin eso, la propuesta del senador se quedará en una buena intención.

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El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, no se anduvo con miramientos y ordenó la separación del cargo del director de Vinculación del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), Ulises Grajales Niño, que está acusado de haber golpeado a su esposa hasta dejarla en coma en un hospital.

La acusación podría derivar de un caso de violencia familiar extrema a un intento de feminicidio; el gobernador prometió que se aplicará la justicia, sin adjetivos, a pesar de que el señalado presumía influencias políticas “de primer nivel’’.

 

    @adriantrejo