El homicidio de diez personas ocurrido el 18 de julio en los municipios de Pánuco, Morelos y Saín Alto, Zacatecas, cuya línea principal es la extorsión, es la fotografía macabra de lo que ocurre en buena parte del territorio nacional.
Las autoridades presumen que, efectivamente, la tasa de homicidios dolosos se ha reducido casi en 50% en promedio a nivel nacional, pero no han podido detener el delito de extorsión que impacta negativamente a millones de mexicanos en los territorios controlados por los cárteles.
En el caso de Zacatecas (que rompió una paz presuntamente negociada), se descubrió que los asesinados eran empresarios o comerciantes y dos funcionarios públicos, entre ellos el secretario de Desarrollo Social de Fresnillo, Fidel Alvarado de la Torre.
Presuntamente, las víctimas incumplieron pagos al grupo de delincuencia organizada que los asesinó.
Alvarado de la Torre fungía como intermediario entre esos grupos y el presidente municipal de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, quien en un primer momento se negó a declarar ante la fiscalía estatal sobre los hechos argumentando que se recuperaba de una intervención quirúrgica o una enfermedad.
Sin embargo, cuando por fin lo hizo, cayó en contradicciones y por ello es sujeto de una carpeta de investigación por el presunto delito de omisión al reconocer que sabía de la relación entre Alvarado de la Torre y el grupo criminal y no lo denunció.
El homicidio colectivo debió haber detenido la celebración de la feria de Fresnillo, que se realizará en dos semanas, pero el presidente municipal no lo quiso hacer porque, según se conoció, el cártel que controla la zona se apropió de la feria; es decir, será a ellos a quienes deberán comprar los comerciantes desde las frituras, las bebidas alcohólicas y hasta el carbón que se necesita para los puestos de comida y esa inversión no la quieren perder.
Estamos hablando de un municipio (el más poblado de Zacatecas), pero lo mismo ocurre en los municipios fronterizos de Tamaulipas, como Reynosa y Matamoros, o como Acapulco y Chilpancingo, en donde los cárteles fijan los precios de los comestibles, los refrescos, la leche y hasta del pollo y las carnes de res y cerdo.
Imposible que el Gobierno federal y Omar García Harfuch desconozcan esta situación, simplemente imposible dada la cantidad de testimonios y denuncias que se han recibido.
Sí, efectivamente, ya no hay los muertos de antes, pero la extorsión se ha convertido en el principal enemigo de la economía, regional y nacional.
Pregúntele a la Coparmex.
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¿Cuánto cuesta traer a México el show de la premiación de los Latin Grammys?
Millones de dólares, millones.
El tema viene a cuento porque en días pasados comenzó a circular la versión de que Puebla podría ser la sede del espectáculo, lo que sin duda le dará al estado una visibilidad mundial.
El problema, reconoció el propio gobernador Alejandro Armenta, es precisamente el costo.
Puebla será la sede del próximo Tianguis Turístico, del 9 al 12 de marzo del siguiente año, lo que sin duda le redituará en buena publicidad, pero traer los Grammys, sería un auténtico cañonazo.
Armenta dijo que estaban analizando las cifras, pero que si el sector privado del estado le entraba con apoyos, quizá (y solo quizá), podría contemplarse esa posibilidad.
Imagine el alcance.
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Otra vez “el amigo’’ Donald Trump le dio un raspón a nuestro país argumentando que “los había perjudicado’’ con el acuerdo comercial trilateral.
No es extraño y se verá con mayor frecuencia conforme se acerque la elección del Congreso en EUA en noviembre.
Si nos sentimos agredidos, qué será de los canadienses a cuyo país Trump consideró “repugnante’’.
@adriantrejo