En abril del 2025, el caso de “Doña Carlota’’, una adulta mayor de 74 años que asesinó a dos sujetos que habían invadido una casa de interés social en un barrio de Chalco, estado de México, visibilizó un delito que ha crecido exponencialmente en el Valle de México.
Después del escándalo que siguió a los hechos, el gobierno del estado de México anunció “el combate frontal’’ a la invasión en la que participan pseudo sindicatos, organizaciones “sociales’’ convertidas en pandillas de delincuentes, funcionarios del Catastro y notarios corruptos.
Lo mismo pasa en la CDMX, pero el delito, conocido por las autoridades capitalinas, cobró relevancia hasta que un grupo de vecinos de la Colonia del Valle, en Benito Juárez, impidió que una delincuente con ínfulas, que presumía protección de la Fiscalía y el Tribunal de Justicia locales, se apropiara de una casa.
Las autoridades, igual que pasó en Chalco, prometieron “el combate’’ a este delito, generalmente ligados a grupos “sociales’’ cobijados por Morena, antes por el PRD, que se creen con licencia para delinquir porque la justicia, para castigar despojos, es sorda, ciega y muda.
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Morena pidió al INE sancionar a dos diputados federales del PRI, por referirse al partido presidencial, en sus declaraciones ante medios en sus redes, como “narcopartido’’ y “narcogobierno’’.
Los morenistas quieren una sanción para Emilio Suárez Licona y para el coordinador de los legisladores tricolores Rubén Moreira Valdez, aunque no se descarta que haya otras peticiones contra diputados de oposición en el mismo sentido.
Aquí entra a debate la circunstancia de que los acusados por Morena son legisladores federales, protegidos por la Constitución con el fuero para que no puedan ser perseguidos o sancionados por sus opiniones, las que sean.
Incluso, el recientemente electo consejero electoral, Arturo Chávez, aclaró (o pretendió aclarar) que la decisión del INE de prohibir al líder del PRI y senador, Alejandro Moreno, referirse a Morena como “narcopartido’’ se hizo “al dirigente del PRI’’ no al senador.
Si esa es la lógica jurídica, no tendrían que prosperar las quejas de Morena en contra de Suárez Licona y Moreira Valdez, es más, el INE ni siquiera tendría que haberles dado entrada, a menos que los consejeros morenistas (como el propio Chávez) estén a favor de la censura y no de la legalidad que permite expresarse libremente aunque no les guste a Morena o al gobierno.
A ver.
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La presidente Claudia Sheinbaum tuvo que poner orden en Oaxaca, cuando un grupo de ciudadanos “espontáneamente’’ comenzó a gritar ¡fuera! ¡fuera! al exgobernador del estado Alejandro Murat.
Para nadie es un secreto que el coro fue organizado por el gobernador Salomón Jara y sus esbirros, a tal punto que fue la propia Presidenta que tuvo que declarar “les guste o no les guste…’’ en apoyo a Murat.
El mensaje no solo fue para el auditorio sino también para el gobernador que mantiene un pleito histórico con el clan Murat.
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Por cierto, la CNTE consiguió en Oaxaca la cita que tanto buscaba con la Presidenta.
Sheinbaum se comprometió a recibirlos el día 13 de este mes, aparentemente solo “para escuchar sus demandas’’ porque fue la propia Presidenta quien repitió, en las semanas de paro previas al Mundial, que el gobierno había realizado su máximo esfuerzo y que derogar la reforma a la Ley del ISSSTE, la principal demanda de la disidencia magisterial, era imposible por el costo financiero que le significaría al país.
Así que, como no sea para platicar de la gastronomía oaxaqueña, no se ve cómo para qué habrá de realizarse la reunión si de antemano las posiciones de ambas partes son innegociables.
@adriantrejo