¿Cuál debe ser el grado de complicidad para que las autoridades estatales y federales no hayan visto antes un depósito del tamaño de una pequeña refinería que almacenaba 59 millones de litros de combustibles “huachicoleados’’?

Es imposible que no se hayan dado cuenta desde que se inició la construcción de los gigantescos tanques de almacenamiento, de la entrada y salida de cientos de pipas, de los cientos de personas que se ocupan para cuidar el almacén y vigilar su operación.

El decomiso ocurrido ayer en San José Iturbide, Guanajuato, superó por cinco veces el huachicol detectado en los puertos de Altamira y Tampico; y por cuatro el tráfico de combustible atribuido a la empresa del exgobernador panista de Baja California Ernesto Ruffo.

El decomiso fue informado por las autoridades de Guanajuato temprano por la mañana y no fue sino hasta pasado el mediodía que las autoridades confirmaron el hecho.

Pese al tamaño del delito, increíblemente no hubo ni un solo detenido, lo que aumenta la sospecha de complicidades a alto nivel.

Las autoridades no determinaron si el combustible (presuntamente diesel y gasolinas magna y premium) es producto de la ordeña de los ductos de Pemex o si es huachicol fiscal, es decir, combustible contrabandeado para evitar el pago de impuestos.

Como sea, la Fiscalía General de la República ya tiene el inicio de la hebra para jalar y llegar hasta los dueños del negocio y sus socios y clientes, tal como dice que hizo para detener al panista Ruffo después de “una complicada investigación’’.

La pregunta es ¿cuántos depósitos de ese tamaño (o más grandes) existirán en el país sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno los quieran ver?

Porque un negocio de esa naturaleza, simplemente no puede ser autorizado por un presidente municipal.

A ver.

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¡Vaya coincidencia!

El mismo día en el que el presidente municipal de Jaltocán, Hidalgo, Guillermo Amador Lara, pidió públicamente al párroco José Rosario Arévalo Cervantes “no meterse’’ en asuntos políticos, en otra parte del estado fue encontrado el cuerpo sin vida del presbítero Román de la Cruz Hernández.

No se sugiere que ambos hechos estén vinculados, desde luego, pero sí que ambos exhiben una situación que está padeciendo la jerarquía católica ya sea por sus críticas a los políticos o por recriminar a la delincuencia organizada.

De la Cruz Hernández, párroco de la comunidad Santa Cruz, en Huejutla, fue asesinado en un camino del pueblo de Lolotla, presuntamente con una narcocartulina en su auto.

En esa zona, la diócesis local había denunciado, hace poco más de un mes, que la delincuencia organizada había hackeado los teléfonos de los sacerdotes de las comunidades y a través de ellos pedían “donaciones’’ a sus feligreses.

Lo de Amador Lara es la falta de tacto típica del cacique político del municipio, incómodo por los señalamientos de una voz a la que los ciudadanos pueden hacer caso.

Ojo con ese tema.

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Cinco días después de haber (presuntamente todavía) asesinado a la estudiante de origen español Claudia Tacoronte, en Cuautla, Morelos, fue detenido Francisco Javier Meléndez alias El Trompas.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó de la detención sin precisar en qué lugar se realizó.

Como sea, la detención de este sujeto es un buen punto para García Harfuch y para el gobierno de Morelos, tan necesitado de golpes así debido a que su territorio es el escenario en dónde más asesinatos o desapariciones de jóvenes estudiantes ocurren.

Ojalá así como se detuvo al presunto asesino de la joven española, resuelvan los homicidios de estudiantes mexicanas que siguen en “carpeta de investigación’’.

 

    @adriantrejo