La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama exigió al Gobierno de la CDMX que informe sobre el estado de salud de los perros que fueron rescatados por presunto maltrato y crueldad animal, del predio utilizado por el Refugio Franciscano.
A través de un comunicado, destacaron que desde hace 160 días, el Gobierno capitalino no ha informado sobre el estado de salud de los animales.
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Fernando García Juárez, abogado de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, señaló que desde el 26 de marzo, la Secretaría de Salud de la CDMX informó que habían fallecido 34 perros y que decenas más se encontraban enfermos, hospitalizados o en condiciones delicadas. Por lo que hasta el momento, no han vuelto a actualizar la información.
“El Gobierno optó por el silencio, pues incluso ha ignorado los recursos legales que hemos interpuesto para que informe sobre el estado de salud, ubicación, tratamientos, fallecimientos, recuperación y condiciones actuales de alojamiento de estos seres sintientes que ellos mismos rescataron.
“Esto nos preocupa sobremanera, pues al silencio institucional se suman testimonios de extrabajadores que relatan una posible revictimización de los perros que permanecen bajo resguardo del Gobierno”, sostuvo el abogado.
'Que cumplan con la instrucción de la Jefa de Gobierno'
García Juárez exigió a las áreas responsables, que cumplan con la instrucción de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para que los perros rescatados puedan encontrar una segunda oportunidad de vida mediante la adopción.
“El Gobierno no tiene voluntad para cumplirle a los seres sintientes rescatados de condiciones brutales de maltrato, pero tampoco pretende judicializar la carpeta de investigación para castigar a los responsables por los delitos de maltrato y crueldad animal, así como por la afectación al medio ambiente derivada de la contaminación con desechos fecales de la Barranca Echánove, en Cuajimalpa”, sostuvo.
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Recordó que la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama continuará su defensa legal para que el expediente de este caso de maltrato y crueldad animal sea público y transparente, para que no haya repetición del delito, y para que los diversos funcionarios que hayan incumplido con sus responsabilidades enfrenten las consecuencias correspondientes.