Extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro decapitaron este miércoles la estatua del expresidente Felipe Calderón ubicada en el Complejo Cultural Los Pinos, como parte de una jornada de protestas contra el exmandatario por la extinción de la empresa eléctrica decretada durante su Gobierno.
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Después de manifestarse en Paseo de la Reforma, donde Calderón participó en el Foro América Libre 2026, un grupo de inconformes se trasladó hasta Los Pinos y rodeó la escultura del expresidente, que permanecía en el suelo desde julio de 2025 luego de que un árbol la derribara durante una tormenta.
Los manifestantes golpearon y jalaron la pieza hasta desprenderle la cabeza, además de retirar la placa que identificaba a Calderón y su periodo de Gobierno, de 2006 a 2012.
Horas antes, integrantes del Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, conformado por extrabajadores y disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), protestaron frente al hotel de Reforma donde se realizaba el encuentro internacional.
La movilización estuvo marcada por consignas contra el expresidente, así como el lanzamiento de huevos y otros objetos contra las inmediaciones del inmueble, mientras los participantes reclamaban las consecuencias que, aseguran, provocó la desaparición de Luz y Fuerza.
Felipe Calderón
El conflicto se remonta al 11 de octubre de 2009, cuando fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual el Gobierno de Calderón extinguió el organismo. El documento justificó la medida por razones de eficiencia operativa y financiera y estableció que el entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes se encargaría de su liquidación.
La medida dejó sin fuente de empleo a más de 45 mil trabajadores y afectó el proceso de jubilación de unas nueve mil personas que acumulaban al menos 19 años y medio de servicio.
En 2022, el Gobierno federal creó un esquema de compensación vitalicia para una parte de los extrabajadores que cumpliera determinados requisitos.
Durante la protesta, Ramón Pacheco, presidente del Frente Amplio de Unidad, responsabilizó políticamente a Calderón de las consecuencias económicas que enfrentaron varias familias de electricistas.
“Lo que nos hicieron fue una condena perpetua a la pobreza, a la miseria”, expresó.
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Los inconformes también insistieron en su demanda de reinserción laboral para quienes no aceptaron la liquidación y señalaron que, a casi 17 años del decreto, mantienen abiertos distintos reclamos derivados de la desaparición de la empresa.
La constitucionalidad de la extinción llegó en 2010 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo Pleno validó el decreto y precisó que los derechos laborales de los trabajadores podían hacerse valer ante las autoridades correspondientes.