Durante las últimas tres legislaturas del Congreso de la Unión se han presentado al menos 20 iniciativas para extender los periodos ordinarios de sesiones, sin embargo, los legisladores no han mostrado intención de incrementar el tiempo de trabajo legislativo, que actualmente posee unan duración de 6 meses y medio al año.

 

Del total de iniciativas presentadas en las que se establece la necesidad de incrementar la duración de los periodos de trabajo legislativo, el 75% se han desechado y el otro 25% se encuentran en calidad de “pendiente”.

 

Específicamente, los legisladores se han negado a reformar los artículos 65 y 66 constitucionales, que actualmente establecen que “el Congreso de la Unión dividirá su ejercicio en dos periodos ordinarios de sesiones, el primero del 1 de septiembre al 15 de diciembre y el segundo del 1 de febrero al 30 de abril”.

 

Mientras el Congreso mexicano ha sido considerado uno de los más improductivos de América Latina, el Congreso de Uruguay trabaja 9.5 meses continuos; Argentina y Brasil tienen dos periodos de trabajo legislativo que suman 9 meses; los congresistas de Colombia trabajan 8 meses divididos en dos periodos. Sólo los congresos de Chile y Costa Rica trabajan menos que los legisladores mexicanos: cuatro y seis meses, respectivamente.

 

La última propuesta presentada en el Congreso buscando ampliar los periodos ordinarios de sesiones fue presentada el pasado 27 de marzo por la senadora Blanca Alcalá Ruiz, del PRI. La iniciativa propone que el Congreso se reúna a partir del 15 de agosto de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 15 de febrero para celebrar un segundo periodo que concluiría el 31 de mayo. La iniciativa ha sido enviada a las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado, donde este tipo de propuestas han sido congeladas o desechadas definitivamente.

 

Otros legisladores que también manifestaron la importancia de incrementar el tiempo real de trabajo legislativo fueron, en el caso del Senado, David Monreal Ávila y Adriana Dávila, senadores de la actual legislatura; sus antecesores que pugnaron por ampliar los periodos, en la LX y LXI legislaturas, fueron Tomás Torres Mercado, Ricardo Monreal Ávila y Pablo Gómez Álvarez, quienes coincidieron en señalar que los periodos de actividades legislativas de solo seis meses y medio son insuficientes, lo que provoca un menor rendimiento parlamentario y por ende un mayor rezago legislativo.

 

Si bien el Congreso celebra, además de dos periodos ordinarios de sesiones, la instalación de una Comisión Permanente dos veces al año, donde 37 legisladores (19 diputados y 18

 

senadores) continúan en funciones durante los recesos legislativos, este órgano del Congreso no cuenta con facultades legislativas, ya que sólo en los periodos de sesiones ordinarias pueden realizarse labores constitucionales.