La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que las empresas privadas contratadas por el Gobierno de Estados Unidos para localizar en México a migrantes deportados con multas pendientes no podrían realizar esas actividades en territorio nacional sin autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La mandataria señaló que, hasta el momento, ni el Gobierno estadounidense ni su embajada en México han informado oficialmente a su administración sobre la operación de esas compañías en el país.
“No podrían. Tendrían que tener, obviamente, el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo leí en los medios, no nos ha confirmado la embajada si esto es cierto o no… hasta ahora no lo tenemos confirmado”, declaró.
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Sheinbaum Pardo se refirió a Global Recovery Group, Caduceus, Response AI Solutions y The Baptiste Group, las cuatro compañías contratadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para localizar a personas deportadas y entregarles notificaciones relacionadas con multas migratorias.
“[Las empresas] no podrían estar haciendo estas actividades en nuestro país sin el permiso de Relaciones Exteriores”, reiteró la Presidenta.
EU puso en marcha el programa para localizar personas deportadas
24 HORAS publicó en su edición del 10 de septiembre que el Gobierno de Estados Unidos puso en marcha el programa Servicios de Localización y Recuperación de Pagos, mediante el cual las cuatro empresas fueron contratadas para buscar en México, Honduras y Guatemala a personas deportadas, confirmar sus domicilios y entregarles personalmente las notificaciones de las sanciones económicas que les fueron impuestas.
Los contratos tienen un valor máximo conjunto de 36 millones de dólares, hasta nueve millones para cada empresa.
Los documentos de contratación los revisaron en agosto por Project Salt Box y posteriormente retomada por WIRED, a partir de registros de contratación federal de Estados Unidos.
Compañías reciben tarifa por cada localizado
De acuerdo con los documentos revisados, las compañías reciben una tarifa por cada persona a la que acrediten haber localizado y notificado, además de incentivos por completar el procedimiento dentro de determinados plazos.
El pago a las empresas no depende de que el Gobierno estadounidense logre posteriormente cobrar la multa.
Para demostrar que encontraron al destinatario, los contratistas pueden presentar fotografías de la vivienda, recibos de servicios, documentos laborales o judiciales e incluso una fotografía del rostro de la persona deportada como prueba de que recibió la notificación.
Los documentos establecen además que la información obtenida quedará en poder del Gobierno de Estados Unidos.
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Hasta ahora, el Gobierno mexicano sostiene que no ha recibido una notificación oficial sobre la presencia u operación de estas empresas en territorio nacional y que, de pretender realizar esas labores en México, requerirían autorización de la SRE.
Además, los documentos de contratación de la CBP advierten dificultades para concretar el cobro de las sanciones; la CBP reconoció que no había identificado un mecanismo para que las personas deportadas sin cuenta bancaria en Estados Unidos pudieran pagar las multas desde el extranjero.
Entre enero de 2025 y mediados de julio, ICE impuso más de 103 mil multas civiles por alrededor de 84 mil millones de dólares, pero para entonces sólo había logrado recaudar 1.2 millones, una proporción mínima frente al monto reclamado.