La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionaron a 47 funcionarios y a una empresa. Las sanciones incluyen destituciones, inhabilitaciones de hasta 10 años y multas por 4.6 millones de pesos, tras investigaciones realizadas en 18 dependencias federales.
Anticorrupción detalla las sanciones
En la Comisión Federal de Electricidad, Rodrigo C. terminó inhabilitado por 10 años y multado con 33 mil pesos por presentar nueve incapacidades médicas falsas en 2024 para evitar el descuento de 22 días de salario; Roberto H., Luis H. y Hugo H. resultaron suspendidos 30 días por autorizar, entre 2018 y 2019, la contratación de un extrabajador inhabilitado.
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En la Secretaría de la Defensa Nacional, Juan D. resultó inhabilitado por 10 años, destituido y multado con 651 mil pesos por no comprobar pagos de víveres y gas LP del personal militar durante 2021 y 2022.
Por otro lado, en la Secretaría de Educación Pública, María H. y Susana E., del Conafe, terminaron inhabilitadas por 10 años y multadas de forma compartida con 564 mil pesos por tramitar en 2018 el pago indebido de prestaciones a un trabajador.
Asimismo, en el Servicio de Administración Tributaria, Alejandra M. resultó inhabilitada por 10 años y multada con 253 mil pesos por no reunir a tiempo documentos para juicios fiscales, lo que impidió recuperar un crédito fiscal en 2019; la empresa D. resultó inhabilitada por 4 años y multada con 3.1 millones de pesos por presentar facturas vehiculares alteradas en una licitación de transporte en 2021; Jesús M. terminó inhabilitado por un año por firmar, en 2021, documentos ajenos a sus funciones.
Sanciones por acoso y diagnóstico tardío
También, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Olivia G., Ana V., Erika A., Laura C. y Elizabeth M. terminaron inhabilitadas por 1 año debido a un diagnóstico tardío de hemorragia cerebral en 2021 que contribuyó a la muerte de un paciente; César P., Mario P., Rubén G., Vicente C. y Claudia R. terminaron suspendidos 30 días por no verificar documentación en contrataciones públicas de 2019 y 2020.
Por otro lado, en la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, Saira H. resultó inhabilitada por 3 meses y destituida por aprobar, en 2020, cambios a un contrato de obra pública sin evidencia que los justificara.
En Petróleos Mexicanos, Sergio M. terminó inhabilitado por un año por acoso sexual en 2025 contra una persona de una empresa proveedora, y Cecilia P. terminó suspendida 8 días por no reportar inasistencias injustificadas de personal a su cargo.
Sanción por filtrar información
Por su parte, en la Comisión Federal de Electricidad, Ernesto C. resultó suspendido 15 días por negar información a la CNDH en 2024, y Jesús A. tuvo una suspensión de 15 días por autorizar, en 2023, un contrato de luz para un inmueble con adeudos.
Asimismo, en la Secretaría de Salud, Jaime N., Juan G., Erika I., Ana P., Cipriano S. y Víctor H. terminaron destituidos e inhabilitados de 3 a 6 meses por permitir, en 2023, que caducaran medicamentos en el Hospital Infantil de México; Ana G. tuvo una suspensión de 3 días por filtrar el expediente clínico de un paciente a personal no autorizado.
Por otro lado, en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Ernesto F. terminó suspendido 5 días por ofender verbalmente a una compañera de trabajo en 2023.
También, en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Ricardo A. resultó destituido, y Zandra C. y César A. terminaron suspendidos 15 y 30 días, por maltrato físico y psicológico a dos menores en 2025 en la Casa Cuna Coyoacán.
En la Guardia Nacional, Efraín M., Gustavo H., José F., Alondra M. y Said G. fueron destituidos por entregar, en 2024, certificados de estudios presuntamente falsos para portar armas de fuego.
En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Flor Z. terminó inhabilitada por 3 meses por participar en la destrucción irregular de 42 cajas de archivo en 2024.
Finalmente, en la Procuraduría Federal del Consumidor, Adrián M. fue suspendido 10 días y obligado a reintegrar 50 mil pesos por irregularidades detectadas en la Delegación Sonora en 2024.