Sinaloa cumplió dos años de estar en una guerra que ha dejado a la fecha 3,724 asesinatos (niños incluidos) y más de 3,000 personas desaparecidas o privadas de su libertad.

Esto es, 5 asesinatos y 4 desapariciones diarias durante 2 años.

Si esas cifras no corresponden a una guerra, entonces 135 millones de mexicanos no entendemos la realidad.

Con mucho, Sinaloa es el estado que más personal militar concentra, a partir del inicio de la guerra entre las facciones de Los Chapitos y la Mayiza, provocada por el secuestro y posterior entrega al gobierno de Estados Unidos del fundador del Cártel de Sinaloa Ismael Zambada, El Mayo.

¿Por qué si el Gobierno federal ha destinado miles de elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina Armada de México, no se ha logrado contener el calvario que viven cotidianamente los sinaloenses?

La explicación está en sus propias estructuras de gobierno estatal.

La acusación del gobierno de Estados Unidos en contra de 10 funcionarios y exfuncionarios locales y estatales permite ver cómo es que la delincuencia organizada penetró todas las estructuras de poder.

Comenzando por su gobernador, Rubén Rocha Moya, acusado de pactar con Los Chapitos no solo apoyo financiero para su campaña a cambio de impunidad, sino el propio secuestro del Mayo Zambada, y pasando por el presidente municipal de Culiacán y los jefes de policía locales y estatales.

Los tres Poderes de la entidad fueron colonizados por alguno de los grupos y ahora, cuando existen las condiciones para que se declarara una desaparición de Poderes por la misma causa, el Gobierno federal y su partido se han dedicado a defender a todos los acusados, pero con sobrado interés a Rocha Moya.

Aparentemente, el gobernador con licencia habría roto la coraza que lo cubría al decidir regresar al cargo sin, presuntamente, avisar a la Presidenta que lo haría.

La cúpula morenista lo criticó, pero en los hechos, con la elección de quien será la encargada de terminar el sexenio y la candidata a gobernadora para el 2027, Rocha Moya parece haberse blindado.

Ayer, un numeroso contingente salió a la calles de Culiacán para demandar paz; ya lo habían hecho al gobierno estatal y después al Gobierno federal sin que hubiera los resultados esperados.

Conservadoramente, los empresarios locales calculan que, si se lograra la pacificación de la entidad en un año, tardarían otros diez años en recuperar la pérdidas económicas que han sufrido a causa de esta guerra.

Sinaloa, con todo lo que aporta al país en materia agroalimentaria y otros rubros, es  el claro ejemplo de un estado fallido.

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La gira informativa de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido destacada más por los escándalos que rodean sus eventos que por las cifras que ofrece.

Oaxaca, por ejemplo, elevó la tensión al máximo pues hubo un momento en el que los profesores de la CNTE, que supuestamente ya había tenido una respuesta de la Presidenta a su demandas, casi provocan la reacción de las fuerzas de seguridad en su intento por ingresar al auditorio de la Guelaguetza, en donde Sheinbaum rendía su informe.

Igual pasó en el estado de Campeche y ayer se repitió la escena, pero con diferentes actores, en Hidalgo.

Supuestos estudiantes de la normal rural “Luis Villarreal’’, mejor conocida como El Mexe, irrumpieron en el evento de Sheinbaum a punta de portazo.

El Mexe ya había sido cerrado por Miguel Osorio Chong luego de que los “estudiantes’’ secuestraron una pipa de gas (que amenazaban con explotar) y tres decenas de policías a quienes pretendían linchar.

López Obrador la resucitó.

 

     @adriantrejo