Varias excavadoras contratadas por el gobierno de Donald Trump entraron al Parque Nacional Big Bend el 6 de agosto y abrieron brecha junto al sendero del cañón de Santa Elena, uno de los parajes emblemáticos del oeste de Texas.
Tres semanas después, ante un juez federal de San Antonio, un abogado del gobierno estadounidense dijo que todavía no existen planes definitivos sobre lo que se construirá ahí. El juez ordenó suspender la obra y el lunes esa suspensión se amplió hasta el 30 de septiembre.
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Los trabajos forman parte del mayor programa de infraestructura fronteriza en la historia estadounidense. La ley presupuestal que Trump firmó en julio de 2025 asignó 46,500 millones de dólares para completar el muro, disponibles hasta septiembre de 2029 y sin depender de aprobaciones anuales del Congreso. La administración planea 1,200 millas de muro primario y secundario, además de caminos, barreras vehiculares y tecnología de detección.
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En el parque, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) descartó levantar el muro de acero de nueve metros y prevé en cambio unas 200 millas de caminos de patrullaje y 17 millas de barreras para vehículos, con un contrato de unos 1,700 millones de dólares. Al oeste sí contempla 175 millas de muro de bolardos, y al este, otras 165 millas de barreras vehiculares.
Cruces mínimos
El sector Big Bend representa casi una cuarta parte de la frontera entre México y Estados Unidos, pero registra el menor número de detenciones de todos los sectores fronterizos estadounidenses. La CBP contabilizó ahí 3,096 encuentros con migrantes durante el año fiscal 2025, una categoría que incluye las detenciones y otros contactos de los agentes. La cifra equivale a 1.3% de los 237,538 registrados en toda la frontera, en un año en que los cruces cayeron 74% a nivel nacional.
Washington sostiene que precisamente por eso hay que actuar. Rodney Scott, comisionado de la CBP, ha argumentado que la agencia no puede dejar el sector como una apertura que los cárteles aprovechen, a medida que las nuevas barreras y la mayor vigilancia dificultan cruzar por otros tramos. Un portavoz de la dependencia señaló que evalúan opciones tecnológicas para cumplir la meta presidencial de cero cruces ilegales en zonas remotas y de difícil acceso.
Descontento local
Cerca de 400 propietarios de la región enfrentan procesos para expropiar sus terrenos, según la agencia AP. A diferencia de otros tramos de la frontera, el proyecto en Texas atraviesa sobre todo tierra privada. El gobierno ofrece pagos de hasta 5 mil dólares a cambio de firmar un permiso de acceso y advierte que negarse expone al dueño a un juicio.
"En más de una década como dueño de un terreno a orillas del río nunca he visto a nadie entrar ilegalmente por mi propiedad", dijo Charlie Angell, vecino de Redford, en el condado de Presidio, a Inside Climate News. Su casa está a unos setenta y cinco metros del cauce y su predio incluye el sitio arqueológico El Polvo. Angell anticipa que no venderá.
El rechazo alcanza también a autoridades republicanas de la zona. Los sheriffs de cinco condados fronterizos, demócratas y republicanos, firmaron una carta abierta en la que sostienen que un muro continuo no sería el enfoque más práctico ni estratégico para esa región. Greg Henington, republicano y máxima autoridad ejecutiva del condado de Brewster, donde se ubica el parque, declaró en febrero que no ve razón para levantar un muro en su jurisdicción. El senador republicano John Cornyn pidió al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, consultar a las autoridades locales antes de continuar.
La obra avanza al amparo de una orden que Mullin firmó el 9 de junio y que exentó al proyecto de requisitos federales y estatales en 62 millas de frontera. Después de esa dispensa, las impugnaciones se concentraron en la propiedad privada, la libertad religiosa y los derechos indígenas. La organización People of La Junta, ligada a la comunidad lipán apache, alega ante el tribunal que la maquinaria ya impidió el acceso a sitios sagrados y sepulturas ancestrales.
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¿Qué hay del lado mexicano?
Frente al Parque Nacional Big Bend, México mantiene desde hace décadas distintas áreas naturales protegidas. En Chihuahua se encuentra el Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Santa Elena y, en Coahuila, las áreas de Maderas del Carmen y Ocampo. Desde 2009, el Monumento Natural Río Bravo del Norte protege el cauce entre Ojinaga y la presa La Amistad.
En esa franja se ubica Boquillas del Carmen, comunidad de 202 habitantes vinculada al cruce peatonal inaugurado en 2013 como parte de una iniciativa binacional de conservación. "Siempre hemos dicho que tenemos nuestros propios muros naturales y hermosos: los cañones", declaró Lilia Falcón, dueña de un restaurante del poblado, al medio Inside Climate News.