Está bien que el gobierno se preocupe porque los medios de comunicación se conduzcan con verdad, lo terrible es que sea el propio gobierno el que determine qué es verdad y que no.

El proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, es el pretexto ideal que encontró para normar lo que a su juicio los medios de comunicación electrónica pueden o deben “informar’’.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que tales lineamientos son “un reclamo de la sociedad’’, pero no hay un estudio, encuesta o demanda generalizada que soporte la afirmación.

Pero, independientemente de que sea o no un reclamo, los medios de comunicación, incluidos los que son simpatizantes y/o militantes del gobierno y su partido, deben conducirse con apego a los datos duros, comprobados, tangibles.

Es decir, a la verdad.

El problema es que siempre hay dos verdades; la moda la impuso López Obrador.

Cuando se le mostraban cifras de su propia administración, ya fueran económicas, de seguridad, de salud, educación, etcétera, el tabasqueño siempre salía con que “tenía otros datos’’.

Así que López Obrador degradó el concepto de verdad a sus “otros datos’’; la única verdad que quería que se difundiera eran sus cifras, sacadas de la chistera.

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) enlistó los riesgos que contiene este proyecto:

“El proyecto permite al gobierno definir qué es información falta o descontextualizada desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias quien queda subordinado a la autoridad’’.

La CIRT consideró que la sanción propuesta del 1% de los ingresos anuales acumulados para los concesionarios o programadores que a juicio del gobierno no sean objetivos “es excesiva y contraria a la ley’’.

Además, acusó que se pretende establecer un recurso de “inconformidad a través del cual el gobierno podrá revisar todas las decisiones de los defensores de las audiencias. Con ello, el gobierno terminará decidiendo qué contenidos, incluidos los informativos, se puedan transmitir y cuáles no’’.

Parafraseando al tlatoani de Macuspana, tan dado a citar (a su conveniencia), versículos bíblicos, habrá que recordar a las autoridades actuales “no hacer cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas’’.

Avisados estamos.

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¡Vaya dilema de Morena en Baja California!

Sus precandidatas mujeres a la gubernatura tienen escándalos que van desde acusaciones de delincuencia organizada hasta malversación de fondos.

Julieta Ramírez, quien se dice la favorita de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, fue denunciada por uso de recursos públicos en su campaña anticipada.

La exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero -otra de las aspirantes bajo las siglas del PT- más tardó en anunciar que no cuenta con su visa estadounidense de turista presuntamente porque las autoridades de EUA la vinculan con la delincuencia organizada.

Y cuando parecía que el camino quedaba libre para la diputada federal morenista con licencia Eva Moreno para convertirse en la abanderada , se hizo pública la denuncia de que se encuentra involucrada con el cártel inmobiliario de Tijuana, ya que se apoderó de diversos terrenos por la vía de prescripción positiva a pesar de ser terrenos ejidales, para posteriormente venderlos en la modesta cantidad de 97 millones de pesos.

Si la dirigencia de Morena cumple con su exigencia de candidatas(os) sin antecedentes de corrupción, ni estar involucrados con antecedentes o vínculos con la delincuencia, la cuota de género deberán de cumplirla en otro estado.

 

     @adriantrejo